Riachuelo, un bicentenario turbio

Por Juan Bonato

Aunque el año próximo van a cumplirse doscientos años que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo está en boca de todos los gobernantes, ninguno festejará este bicentenario que está en la piel de unos pocos.

Seguro que el recuerdo más lúcido sobre la promesa de saneamiento del Riachuelo fue aquella que hizo la por entonces Secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray a comienzos de la década de los 90. Fue entonces cuando con bombos y platillos prometió a los argentinos, y mas precisamente a los vecinos de La Boca, que en solo mil días la contaminación de las aguas sería un problema resuelto, y para deleite de los periodistas presentes se comprometió a tomar mate con agua del riachuelo y hasta meterse en traje de baño allí. Para la ejecución de esta obra magnífica se destinó una partida presupuestaria millonaria. Los mil días pasaron y otros asuntos ocuparon la tapa de los diarios.

Sin embargo la contaminación del Riachuelo tiene su historia que va de la mano con la de Buenos Aires. En 1812 el primer prefecto Naval Martín de Thompson realizó las presentaciones formales para que se sacara al “primer barco abandonado” en la cuenca. Pasaron los días, años, candidatos con promesas y gobernantes con excusas. Pasaron. Con la evolución de Buenos Aires los barcos varados se multiplicaron y la zona se convirtió rápidamente en el paraíso de las industrias que encontraron el terreno ideal para desechar sus residuos en la vertiente del río. Tuvieron que pasar casi doscientos años para que un fallo inédito de la corte suprema de justicia intimara a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a presentar un plan de saneamiento conjunto. Como consecuencia de ello y con el único fin de erradicar la contaminación de la zona, estos tres actores se agruparon para conformar ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) como ente ínter jurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo. Al frente de éste se designo como titular a Juan José Mussi. Y será él quien esta vez deba rendir cuentas a la Suprema Corte sobre las operaciones efectuadas y la rendición de gastos de lo presupuestado.

Por más pesimista que uno pueda llegar a ser, la realidad mundial nos demuestra que cuando realmente hay intensión de hacer las cosas bien los objetivos se pueden cumplir. En Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, un sin número de ríos estaban declarados “biológicamente muertos”. Sin embargo, en los últimos tiempos, resurgieron en ellos 125 variedades de peces. Resultados como los obtenidos en el río Thames fueron posibles gracias a dos factores impuestos por la Agencia de Medioambiente: inversión y conciencia social.

Esto nos ha de servir de ejemplo a imitar. Con la creación de ACUMAR se ha puesto la piedra fundacional, contando con un nuevo presupuesto multimillonario controlado por la Auditoría General de la Nación. El primer paso del plan puesto en marcha fue darles una vivienda digna a las más de 13.000 familias que habitaban en asentamientos precarios sobre ambas orillas, mudándolas a Avellaneda. En un trabajo conjunto con AySA se ha avanzado sobre la extensión de cañerías de agua potable y expandiendo la red cloacal para beneficiar a un millón de vecinos de la cuenca. En tanto que se ha conseguido que la zona no sufra más inundaciones mediante desagües fluviales y sistemas de bombeo de agua.

Considerando la salud, se puso en marcha la licitación para la construcción del Hospital Cuenca Alta más tres laboratorios de alta complejidad debido a la importante concentración de plomo en sangre detectado por estudios médicos a los ocupantes de la rivera.

En referencia de los basurales alojados en los márgenes del riachuelo Mussi no supo justificar elocuentemente la duplicación de estos desde 2008 hasta la fecha presente. Pero se comprometió a trabajar en conjunto con los municipios afectados de la zona y el CEAMSE para el desmantelamiento o al menos que no se sigan reproduciendo.

Debemos recordar que el 6 de abril del corriente año fue retirado el último barco abandonado e inutilizado entre el Puente Avellaneda y el Puente Pueyrredón. “En 200 años es la primera vez que logramos liberar totalmente el tramo navegable del riachuelo con el retiro de los 57 barcos que estaban inactivos”, celebró el titular de ACUMAR, Mussi. El mismo fue retirado por sus propios dueños tras intimidación legal. Tras ser reflotado se lo trasladó  una semana después a la localidad bonaerense de Tigre para su total desarme.

De las 57 naves extraídas 31 fueron removidas por prefectura, mientras que las 26 restantes se hicieron cargo sus propios dueños. Para ello hubo que trascender incluso obstáculos legales ya que la ley solo contemplaba su retiro en único caso de presentar peligro para la navegación.

Hasta hubo compromiso social en esta acción del plan, puesto que en un “gesto solidario”, tras el desarme de las embarcaciones y su posterior venta en forma de chatarra, lo recaudado será destinado en carácter de beneficencia a dos hospitales de niños. El presupuesto del estado para el saneamiento del riachuelo ya contempla cada centavo para el más mínimo detalle por lo que el plus económico que se obtenga de lo extraído será mucho más aprovechable para el Hospital Garraham y el Hospital de Niños Sor Ludovica de la Plata. De esta forma se cumple una doble función: seguir con el trabajo de saneamiento y combatir las deficiencias hospitalarias.

Detener el vuelco de residuos industriales es sin lugar a dudas la batalla más importante que se le presenta a Mussi. Es que de las 19.500 industrias que bordean el riachuelo, 12.000 ya han sido inspeccionadas y tan solo unas 500 de ellas han presentado planes de reconversión industrial para dejar de verter efluentes contaminantes. Otras doscientas fueron clausuradas por no cumplir con las normas ambientales y de seguridad para sus propios empleados. Aunque los logros obtenidos resultan cifras minúsculas en comparación al universo de industrias allí alojadas, hay que tener en cuenta que actualmente no hay ninguna institución del Estado que tenga autoridad alguna, ni poder policial, para obligar a los empresarios contaminadores a cesar en sus tareas de envenenar el medio ambiente. Todo lo que por el momento se pudo conseguir es una Resolución firmada por el propio Mussi en la que se obliga a las industrias a informar con 72 horas de anticipación el vuelco de residuos. El informe tendrá carácter de declaración jurada y por lo tanto su incumplimiento podrá ser multado. Esta Resolución pretende evitar picos de congestionamiento de vuelcos de sustancias industriales, que sumados a la materia fecal y los residuos sólidos generan la mayor intoxicación.

Por su parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también está realizando tareas en los bordes del riachuelo que complementan a las de ACUMAR. Mejorando la limpieza de los márgenes se instaló en el lugar una lancha de inspección y dos pontones de arrastre y traslado de residuos. Se removieron desde diciembre 2010 hasta julio doscientas toneladas de residuos y 44 carrocerías. Implementando un servicio de limpieza y recolección con la misma frecuencia y calidad que el resto de la ciudad. Puerta Franca acompañó y presenció con el personal a cargo de las tareas el desmalezamiento, corte de pasto y desratización. “Todo esfuerzo es inútil si no se educa. Por eso, repartimos a los vecinos 2.000 bolsas de residuos mensuales y folletos informativos. Nos asesoran ONGs como Greenpeace y la Asociación de Vecinos de la Boca. Con ellos una vez por semana evaluamos resultados y planificamos próximas acciones como la parquización de los bordes y la plantación de 100 especies de árboles autóctonos. Las reuniones son abiertas a los vecinos.”

Ciertamente hay obras realizándose para conseguir finalmente el correcto saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Según Mussi concluirán en cinco años. Sería bueno preguntarse cuánto de estos trabajos verdaderamente son una respuesta a una deuda social o si esconden intereses políticos. Recordemos que los más importantes cierres de campaña para elecciones nacionales se realizan en La Matanza, el lugar con mayor conglomerado habitacional del país. Como fuera, las papeleras frente a Gualeguaychú nos puso a todos los ciudadanos la remera de la ecología. Lo que se pone en juego entonces es repensar si queremos un país a corto plazo, donde ganen los intereses económicos de un puñado de empresarios; o un país a largo plazo, donde las acciones de los gobiernos estén a favor de la dignidad de los vecinos, en una continuidad de tiempo proyectada a futuro, sin necesidad de esperar un fallo de la Corte Suprema.